En un esfuerzo conjunto por construir un futuro más equitativo y pacífico, los alcaldes de los municipios ZOMAC – Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado de Colombia – se reunieron recientemente con funcionarios de los gobiernos nacional y departamental en el municipio de San Carlos. Este encuentro representa un paso importante hacia la reparación histórica de los territorios profundamente afectados por el conflicto armado en Colombia. La cita no solo tuvo como propósito avanzar en inversiones sociales fundamentales, sino también visibilizar las necesidades apremiantes de estos municipios que durante años han sufrido las consecuencias de la guerra y del abandono estatal.
La reunión se enmarcó en la necesidad urgente de cerrar las brechas sociales que han perpetuado la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad en estas comunidades. Los mandatarios locales, con una voz unificada, elevaron su clamor por una intervención estatal más decidida, que permita transformar la realidad de sus municipios a través de infraestructura, educación, salud, generación de empleo, y programas de desarrollo rural. Reconocen que la paz no se construye únicamente con el silenciamiento de las armas, sino con oportunidades tangibles que permitan a sus poblaciones reconstruir sus vidas con dignidad.
La solicitud de que estas regiones sean tenidas más en cuenta por las dependencias nacionales no es solo legítima, sino necesaria. Históricamente, estas zonas han sido epicentros del conflicto por la falta de presencia institucional, lo que ha facilitado la expansión de actores armados y sus economías ilegales y la violencia. La apuesta por la paz territorial implica que el Estado llegue con todos sus componentes: inversión social, fortalecimiento institucional y acompañamiento permanente.
Es de mucha importancia que la presencia del Estado en los territorios víctimas del conflicto sea integral, ya que no basta con el despliegue de fuerza pública o la implementación de programas aislados. Se requiere una acción coordinada que abarque educación, salud, infraestructura, justicia, desarrollo económico y fortalecimiento institucional. Solo una presencia estatal articulada y constante puede garantizar la reconstrucción del tejido social, prevenir el resurgimiento de la violencia y ofrecer alternativas reales a las comunidades que por décadas han vivido en condiciones de abandono. La integralidad del Estado en estos territorios es, por tanto, clave para consolidar una paz duradera y una verdadera reparación.
Es necesario advertir que este reclamo, justo y necesario, de los alcaldes, se debía haber hecho hace mucho tiempo por un aparato llamado Pacto por la Paz, en el que supuestamente participan más de ochenta organizaciones y entidades de la Región, pero qué, para decir una verdad necesaria, poco o nada ha hecho por afianzar relaciones con el Departamento y con la Nación para lograr incidencias reales para las comunidades afectadas por la violencia en el Oriente Antioqueño.
Este tipo de encuentros, más que gestos simbólicos, deben traducirse en compromisos concretos y en un seguimiento riguroso de los avances. La voluntad política expresada debe materializarse en políticas públicas incluyentes que respondan a las particularidades de cada municipio. Solo así será posible cimentar una paz duradera y equitativa, donde las comunidades puedan ser verdaderas protagonistas de su desarrollo y del futuro que están empeñadas en construir.
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