El municipio de Nariño, enclavado en el oriente antioqueño, ha sido históricamente víctima de múltiples violencias: primero, la guerra partidista; luego, la confrontación armada entre guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública; y más recientemente, el avance de economías ilegales como la minería sin control estatal y los cultivos ilícitos. Esta nueva oleada de conflicto no solo ha puesto en jaque el orden público, sino que ha generado una nueva forma de victimización que recae sobre una población ya desgastada por décadas de sufrimiento.
El asesinato del conductor de «Chiva» Henry Quintero -Machete- el pasado jueves, en la Vereda Uvital, a manos de sicarios, no solo lleno la tasa de los muchos atentados y asesinatos que han quedado en silencio en los últimos meses, sino que mostró claramente el accionar militar, sin ningún escrúpulo, de grupos armados ilegales que se han apropiado del territorio y han comprado el silencio de la institucionalidad local.
Solo hasta ayer, después de 16 meses de estar en el gobierno, la alcaldesa alzo la voz para alertar sobre lo que está sucediendo en Nariño. En la administración anterior no hubo ningún pronunciamiento.
Uno de los elementos más perturbadores de esta situación es el silencio cómplice de las instituciones estatales locales, particularmente algunos funcionarios públicos del municipio. La omisión ante la expansión de las actividades ilícitas y, en algunos casos, la posible participación activa o encubierta de agentes del Estado en estas economías criminales, ha contribuido a un fenómeno de cooptación institucional. La presencia de minería ilegal en zonas protegidas como Guamal, Palmar y Santa Rosa y de cultivos de uso ilícito en áreas rurales no podría sostenerse sin algún nivel de permisividad —o al menos, indiferencia— de las autoridades locales.
Es imposible que, por lo menos, una veintena de retroexcavadoras pasen por un lado del municipio sin que ninguna autoridad se percate y genere las alarmas necesarias para que se hagan las
acciones pertinentes.
Este fenómeno no es menor. La falta de acción o la participación activa de servidores públicos en redes criminales no solo fortalece a los actores ilegales, sino que rompe el frágil contrato social entre el Estado y la comunidad. La población de Nariño, históricamente resiliente, hoy se encuentra una vez más arrinconada por el miedo, la inseguridad y la desconfianza en sus propias instituciones. La comunidad ha sido revictimizada: ya no solo por los grupos armados ilegales, sino también por quienes deberían protegerla.
En Colombia, la legislación contempla varias facultades y mecanismos legales para intervenir sitios donde se desarrolla minería ilegal. Estas facultades están distribuidas entre diferentes entidades del Estado y se respaldan en normas como el Código de Minas, el Código Penal, normas ambientales y decretos reglamentarios. La alcaldía, la Policía, el Ejercito, la Fiscalía, la Autoridad Ambiental, están facultados por normas legales para intervenir, destruir y judicializar.
Resulta urgente exigir una intervención estatal transparente y decidida, que no solo actúe sobre los síntomas del conflicto (el desmantelamiento inmediato de las minas ilegales que están en operación en Guamal, Palmar y Santa Rosa, y los grupos armados ilegales que existen al rededor, por ejemplo), sino que ataque sus causas estructurales: la corrupción institucional, la falta de oportunidades económicas y la desprotección del territorio. El pueblo de Nariño no puede seguir siendo el escenario de intereses oscuros mientras sus habitantes entierran a sus muertos y sus jóvenes emigran en busca de paz.
El entierro masivo de Henry ayer mostró que ya no hay espacio para más indiferencia. El Estado tiene la responsabilidad de sanear sus propias
instituciones y proteger a sus ciudadanos. La justicia no puede seguir siendo postergada en un municipio que ha enterrado a tanta gente y lo sigue haciendo y que hoy, con toda la razón, clama por vida y dignidad.
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