LA TROCHA EN QUE SE CONVIRTIÓ LA AUTOPISTA MEDELLÍN-BOGOTÁ ENTRE SANTUARIO Y DORADAL
El tramo de la Autopista Medellín-Bogotá comprendido entre El Santuario y Caño Alegre, bajo la administración del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) desde 2018, se encuentra en un estado crítico que ha generado una creciente ola de accidentes y un profundo malestar entre los ciudadanos y transportadores.
Desde que INVIAS asumió el control del corredor, se ha evidenciado un notable deterioro de la vía. Es necesario denunciar la aberrante presencia de numerosos baches y huecos que han provocado múltiples accidentes, incluyendo muchos siniestros mortales. En julio de 2024, se registró un caso trágico donde una pareja en motocicleta falleció al caer en uno de estos huecos. Además, se ha documentado que una curva específica en la vía ha causado al menos cuatro muertes y 44 heridos en solo cinco días, lo que resalta la gravedad de la situación.
La comunidad y los transportadores, cansados de las promesas incumplidas, han recurrido a protestas y bloqueos para exigir soluciones, la última se realizó hace apenas pocos días. El 8 de agosto de 2024, se realizaron bloqueos en puntos críticos como La Mañosa y Paso Malo, donde los manifestantes utilizaron palos y rocas para interrumpir el tráfico. Estas acciones fueron motivadas por el mal estado de la vía y la falta de mantenimiento, que ha convertido la Autopista, que une a las dos principales ciudades de Colombia, en una «trocha».
Ayer recorrí esa trampa mortal, y tengo que decir que la irresponsabilidad de INVIAS es absoluta. Esa trocha que llaman Autopista y en la cual existen dos peajes, el de Puerto Triunfo y Santuario, que no deberían ser cobrados por cuanto la vía no está en condiciones dignas de movilidad, o más bien no deberían ser pagados como un acto de rechazo ciudadano frente a la ignominia institucional.
Ante la presión social, INVIAS se comprometió a realizar trabajos de bacheo en los puntos más críticos del corredor. Para ello, se adicionaron $1.500 millones al contrato de Gestión Vial Integral, que tiene un valor total de $27.221 millones y está a cargo del Consorcio Mantenimiento Vial PG. Sin embargo, líderes comunitarios y transportadores consideran que estas medidas son insuficientes, pañitos de agua tibia, y exigen una intervención estructural que garantice la seguridad y funcionalidad de la vía a largo plazo.
La situación en el tramo El Santuario-Caño Alegre de la Autopista Medellín-Bogotá refleja una crisis de infraestructura que afecta la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de miles de ciudadanos. Es imperativo que las autoridades competentes tomen acciones concretas y efectivas para rehabilitar esta vía crucial para la conectividad entre Medellín y Bogotá.
Dicho esto, también es necesario afirmar que DEVIMED, concesionario de la Autopista Medellín–Bogotá, entregó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el tramo comprendido entre El Santuario y Puerto Triunfo, una extensión de aproximadamente 135 kilómetros. Esta decisión se tomó en el marco de un «acuerdo de voluntades» que permitió la «desafectación» del tramo, es decir, su exclusión del contrato de concesión vigente hasta 2026. Este paso fue fundamental para que la ANI pudiera avanzar en la licitación y construcción de una doble calzada en este segmento, considerado estratégico para la conectividad entre Medellín y Bogotá.
Al liberar este tramo, se abrió la posibilidad de que nuevos inversionistas o la misma Concesión DEVIMED participaran en su desarrollo, alineándose con el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que priorizó esta obra debido al alto tráfico entre las dos principales ciudades del país.
La propuesta inicial de DEVIMED para construir una calzada sencilla bidireccional fue rechazada por gran cantidad de líderes regionales que consideraron esta propuesta como un irrespeto a la Región y al país, y así lo ratifico la ANI al rechazar esa mediocre propuesta. Posteriormente, DEVIMED presentó una alternativa denominada «Ruta del Agua», que contemplaba un par vial, que fue mejor recibida por la Región, pero la Concesión y su gerente ya habían perdido credibilidad, la licencia social y, por supuesto, la confianza de la comunidad y del gobierno, lo que ocasionó que también fue descartada por la ANI.
El tramo fue incluido, por solicitud del Territorio en los Diálogos Vinculantes para el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2021–2051 como un proyecto prioritario, con una inversión 100% pública para su construcción en doble calzada, lo que refuerza su importancia estratégica y la necesidad de una infraestructura moderna y eficiente.
En octubre del año pasado la misma Ministra de Transporte, María Constanza García, confirmó en un evento de ANIF, los detalles de la nueva megaobra que se alista para la vía Medellín – Bogotá, en el tramo Santuario – Caño Alegre, y que se concretaría mediante un novedoso mecanismo a través de Findeter para poder lograr los recursos necesarios para su ejecución.
Esta afirmación de la Ministra da por sentado, como era de esperarse por la pérdida de confianza ciudadana y de la licencia social, que la Concesión DEVIMED llegará a su fin el próximo año y que el Gobierno Nacional, bien de manera directa o a través de una nueva concesión, podrá democratizar las prioridades de infraestructura para que se realicen obras que permitan desarrollos de infraestructura vial en zonas diferentes al Altiplano, como por ejemplo la zona Bosques, esa que fue devuelta de manera leonina por la Concesión y donde se vive hoy, a propósito de la Semana Santa, todo un viacrucis.
También es necesario dejar claro que DEVIMED hizo un negociazo, y muy bien concebido para sus intereses, con la devolución del tramo Santuario a Caño Alegre. Con caras gano yo y con sellos pierde usted. Devolvió el tramo con problemas, el de terrenos inestables y problemas geológicos y sociales, para quedarse con el tramo en el que la inversión es mínima pero la rentabilidad es altísima, con cuatro o cinco veces el flujo vehicular en los dos peajes, el de Las Palmas y Copacabana, que le quedaron con la devolución de los aproximadamente 135 kilómetros entre Santuario y Puerto Triunfo.
La próxima finalización de la concesión DEVIMED, para fortuna del Territorio, representa una oportunidad histórica para que el Gobierno Nacional replantee el desarrollo vial del Oriente Antioqueño, una región con gran dinamismo económico pero marcada por profundas desigualdades territoriales. Este momento coyuntural permite democratizar la inversión en infraestructura, priorizando no solo los corredores de alta rentabilidad económica, sino también aquellos que conectan a los municipios más periféricos y olvidados, que han cargado durante décadas con una deuda histórica en términos de conectividad y acceso a oportunidades. Redirigir los recursos y la planificación hacia estos territorios es un acto de justicia territorial que puede potenciar el desarrollo integral de toda la Región.
Sin embargo, la prioridad del momento, sin ninguna duda, mientras se avanza en una solución más acorde a las necesidades de la Región, que cuente con la licencia social de las comunidades, es que se habilite en condiciones dignas de movilidad este importantísimo corredor vial para que no siga ocasionando los accidentes que se ven a diario y que ha cobrado ya muchas vidas.
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