¿ÁREA METROPOLITANA PARA QUIÉN?
En el Oriente Antioqueño, la propuesta de creación de un Área Metropolitana no parece surgir, como en teoría debería, de una necesidad genuina de coordinar soluciones a problemas colectivos. Por el contrario, se percibe como una figura impulsada principalmente por intereses económicos particulares —especialmente de firmas constructoras— y fines electorales de sectores políticos hegemónicos que buscan consolidar su control territorial y administrativo sobre una región en crecimiento.
Bajo el discurso de la “integración regional”, se está promoviendo un modelo de gobernanza que puede derivar en una centralización de competencias y una pérdida efectiva de autonomía para los municipios participantes. Lejos de ser una herramienta de equidad territorial, este modelo corre el riesgo de funcionar como un instrumento de concentración del poder, donde las decisiones clave se tomarían desde un ente metropolitano dominado por actores que no necesariamente representan el interés colectivo, sino que responden a dinámicas de poder económico y político muy concretas.
Uno de los principales efectos es la centralización de decisiones estratégicas en órganos metropolitanos, los cuales, aunque creados para representar a todos los municipios miembros, muchas veces están dominados por el municipio núcleo o central. Esto provoca que las prioridades y necesidades de los municipios más pequeños o periféricos queden subordinadas a los intereses metropolitanos, limitando su capacidad de decisión sobre su propio desarrollo.
Además, la creación de entes metropolitanos especializados suele implicar una transferencia de competencias y recursos, lo cual reduce la gestión directa de los municipios en sectores clave. Si bien esto puede mejorar la eficiencia administrativa, también genera una pérdida de control político y técnico por parte de los gobiernos locales.
La experiencia muestra que este tipo de estructuras tienden a favorecer la expansión urbana desregulada, priorizando proyectos de infraestructura, vivienda y movilidad que responden más al mercado que a las necesidades sociales reales. En consecuencia, los municipios más pequeños o rurales del Altiplano, como La Unión, San Vicente y Santuario, podrían verse subordinados a planes de desarrollo ajenos a su identidad territorial, sus vocaciones productivas y sus prioridades ambientales y sociales.
La región del Oriente Antioqueño es reconocida por su riqueza ambiental: cuenta con zonas de recarga hídrica, bosques nativos, páramos, y una biodiversidad clave para la sostenibilidad regional. Sin embargo, el modelo de expansión urbana promovido por intereses inmobiliarios —que se vería reforzado por la figura metropolitana— está generando una presión desbordada sobre estos ecosistemas.
El Oriente Antioqueño ha sido testigo de una creciente especulación inmobiliaria, con el consiguiente encarecimiento del suelo rural y periurbano. La imposición de proyectos urbanísticos de gran escala, sin una planificación participativa, ha generado una transformación forzada del uso del suelo, desplazando actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería sostenible o el turismo comunitario.
Con una autoridad metropolitana que centralice la planificación territorial, los municipios más pequeños podrían perder la capacidad de decidir sobre su vocación productiva, lo que puede derivar en un «despojo funcional» del territorio: se pierde el control del suelo sin que medie una expropiación formal.
Además, este proceso se ha venido desarrollando sin una consulta real con la ciudadanía ni con actores sociales y comunitarios del territorio, lo cual cuestiona la legitimidad democrática del proyecto. Al no partir de un diagnóstico técnico participativo ni de una demanda colectiva, sino de una estrategia impulsada desde sectores de poder, la creación de un Área Metropolitana corre el riesgo de erosionar la gobernanza local y de convertirse en un mecanismo de apropiación del territorio más que de articulación regional.
Casos como el del Valle de Aburrá, donde Medellín ha tenido un rol dominante en el Área Metropolitana, muestran cómo se puede reproducir un modelo de expansión urbana desigual, con altos costos ambientales y sociales. Estudios de la Universidad Nacional, EAFIT y organizaciones como el CIDER de la Universidad de los Andes han documentado estos fenómenos, advirtiendo que la integración metropolitana no garantiza per se equidad ni sostenibilidad.
Uno de los argumentos centrales de los promotores del Área Metropolitana del Oriente Antioqueño es que se trata de la única figura de asociatividad territorial que, por ley, debe ser aprobada mediante Consulta Popular ciudadana. Esta exigencia, en apariencia, constituye una garantía democrática. Sin embargo, en la práctica, el proceso está marcado por una fuerte contradicción entre la forma y el fondo de la participación. sin embargo, El 5% del censo electoral que es lo que se requiere para aprobar el AMO no es suficiente. En cifras concretas, esto representa a menos de veinte mil personas, es decir los contratistas de los ocho municipios, que estarían decidiendo el futuro de una región de más de 700.000 habitantes, con profundas implicaciones territoriales, sociales, económicas y ambientales.
Y, para terminar, Uno de los aspectos más problemáticos del proceso de construcción del Área Metropolitana en el Oriente Antioqueño es la fragmentación del territorio regional. La figura que se promueve no integra a toda la subregión, sino que selecciona estratégicamente a ciertos municipios —aquellos con mayor capacidad económica, urbana o proyección inmobiliaria— y deja por fuera a los que enfrentan mayores brechas sociales y limitaciones estructurales.
Municipios con características rurales marcadas, baja densidad poblacional, menor capacidad fiscal o infraestructura limitada no están siendo convocados de manera real ni priorizados en este proceso. Esto profundiza varias problemáticas: Aumento de la desigualdad territorial, al generar un “núcleo metropolitano privilegiado” con acceso preferencial a recursos, proyectos y decisiones regionales. Ruptura de procesos de integración solidaria, en lugar de fomentar esquemas de cooperación que beneficien a los más rezagados. Desconexión institucional, ya que estos municipios excluidos seguirán enfrentando solos retos complejos como la pobreza, la falta de conectividad o la degradación ambiental.
En la práctica, esto significa que el Área Metropolitana no responde a un enfoque de equidad regional, sino a una lógica de rentabilidad territorial. Se configura un modelo de integración selectiva, pensado más para el mercado que para el territorio. Los municipios más necesitados de articulación y apoyo quedan relegados a un segundo plano.
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