INFORME ESPECIAL: MUNICIPIO DE NARIÑO NUEVAMENTE BAJO FUEGO ILEGAL
En las últimas horas dos familias fueron desplazadas de la Vereda El Guamal por orden de un grupo armado ilegal de al menos diez hombres camuflados, y con fusiles automáticos de última generación, que hicieron pintas en las paredes de varias casas a nombre las FARC. También es necesario advertir que en lo que va corrido del año ha habido un intento y tres asesinatos en diferentes veredas de Nariño.
Es de anotar que desde hace varios años hace presencia en ese municipio el «Ejército Gaitanista de Colombia». Él mismo Alias «Terror», muerto hace pocas semanas en un operativo policial,
fue visto hace algunos meses en el parque principal de Nariño reunido con comerciantes. Disputando el Territorio, también se encuentra el grupo ilegal «Los Mesa». Sin embargo, para complicar más la situación, desde diciembre del año pasado fueron repartidos panfletos, en varias veredas, en los que un grupo de las FARC informaban su llegada nuevamente a la Región. A este grupo de hombres camuflados y enfusilados los han visto en las veredas El Guamal, Santa Rosa y el Palmar.
El municipio de Nariño, ubicado en el Oriente Antioqueño, posee una historia marcada por la violencia. Entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 1999, sufrió una de las masacres más recordadas, cuando cerca de 300 miembros de los frentes Noveno y 47 de las FARC atacaron la localidad, dejando 16 muertos, 16 heridos y ocho policías secuestrados. La ofensiva destruyó gran parte de la infraestructura municipal y provocó el desplazamiento de aproximadamente el 50% de su población.
Negar la situación de violencia que afecta a Nariño, en el Oriente Antioqueño, por parte de las autoridades es un acto de grave irresponsabilidad que profundiza la crisis en la región. La falta de reconocimiento oficial impide la implementación de estrategias efectivas para proteger a la población, lo que deja a las comunidades vulnerables a los grupos armados ilegales que operan en la zona. Además, esta negación debilita la confianza de los ciudadanos en el Estado y sus instituciones, generando un sentimiento de abandono que podría llevar a la normalización de la violencia y al fortalecimiento de actores ilegales que suplen el vacío de poder.
Ignorar la realidad de la violencia no solo significa desconocer las constantes denuncias de líderes sociales y organizaciones de derechos humanos, sino que también perpetúa la impunidad y obstaculiza soluciones estructurales. La desinformación oficial contribuye a la invisibilización del conflicto y dificulta la llegada de recursos y medidas de protección para las comunidades afectadas. Por lo tanto, es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad, reconozcan la crisis y adopten acciones concretas para enfrentar la violencia, garantizando la seguridad y el respeto por los derechos humanos en Nariño y en toda la región del Oriente Antioqueño.
Para evitar que Nariño repita su trágica historia, es crucial que el Estado implemente estrategias integrales de seguridad y desarrollo social, fortaleciendo la presencia institucional y ofreciendo alternativas legítimas a la población. Solo así se podrá contrarrestar la influencia de estos grupos armados y garantizar una paz duradera en la región.
El resurgimiento de las disidencias de las FARC en diversas zonas del país representa una amenaza latente para Nariño, Maxime cuando informes de inteligencia dan cuenta de coordinaciones entre «Los Mesa» y «las disidencias de las FARC» en zonas como el Norte de Antioquia, coordinaciones que podrían haber generado la llegada de las FARC a la Zona Páramos del Oriente Antioqueño. La posible incursión de estas disidencias en el municipio podría reavivar episodios de violencia similares a los del pasado.
La situación se agrava con el uso de redes sociales por parte de estos grupos para reclutar jóvenes y ejercer control social, lo que facilita su expansión y consolidación en nuevos territorios.
Este Medio de Comunicación conoció elementos de una Agencia Humanitaria Internacional que asegura que son cinco las familias desplazadas, pero solo dos han recurrido al Ministerio Público para hacer su denuncia. Además, reporta la presencia de las disidencias de las FARC en Nariño, Argelia y algunas veredas de Sonsón.
Para evitar que Nariño repita su trágica historia, es crucial que el Estado implemente estrategias integrales de seguridad y desarrollo social, fortaleciendo la presencia institucional y ofreciendo alternativas legítimas a la población. Solo así se podrá contrarrestar la influencia de estos grupos armados y garantizar una paz duradera en la región.
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