Recientemente advertí en una entrevista para el portal Análisis Urbano que la guerra de intereses que por años se libró en los municipios periféricos del Oriente Antioqueño, se ha desplazado al corazón de la región: el Altiplano. Esta transformación geoestratégica en la lógica del conflicto no solo representa un reacomodo de actores armados y estructuras criminales, sino que señala una mutación mucho más sofisticada y peligrosa: el paso del control territorial armado al control del desarrollo urbano, con el propósito de lavar dinero ilícito a través de una burbuja inmobiliaria alimentada por la expansión desmedida y muchas veces negligente.
La implementación del Área Metropolitana en el Altiplano, lejos de ser un simple proceso de planeación regional, se ha convertido en un escenario propicio para el reacomodo de intereses económicos, políticos y criminales. El discurso del desarrollo, de la conectividad y del crecimiento sostenible ha sido cooptado —al menos en parte— por sectores que entienden que la legalidad es una excelente fachada para blanquear rentas provenientes del narcotráfico, la extorsión, el microtráfico y otros delitos conexos.
Los alcaldes y funcionarios de la región salieron inmediatamente a descalificar mis afirmaciones. Hablaron de irresponsabilidad, de falta de pruebas, incluso de terrorismo informativo. Sin embargo, la realidad, una vez más, supera cualquier relato, incluso los más oscuros. Ayer, en pleno centro de Rionegro, a escasos metros de la Galería, una balacera de varios minutos puso en evidencia lo que muchos ya sabían pero pocos se atreven a decir: el crimen organizado no solo está presente, sino que opera con total desparpajo, disputándose el control de las rentas ilegales y los canales para legalizarlas.
Fue un atentado demencial con armas de largo alcance, un acto de barbarie que puso en riesgo inminente no solo la vida del comerciante objetivo del ataque, sino también la de su hija, una niña de apenas siete años que lo acompañaba al momento del atentado. Y más allá de ese drama familiar desgarrador, se puso en peligro la integridad de cientos de transeúntes que caminaban por esa zona altamente concurrida de Rionegro. Una escena de guerra trasladada sin pudor al centro de una ciudad que se vende al país como modelo de innovación y desarrollo.
En esa entrevista con el portal Análisis Urbano, le propuse al Gobierno Nacional que juntara en el Oriente Antioqueño, en una sola mesa, a los miembros de las estructuras criminales y al Ejército Gaitanista de Colombia presentes en la región, para que conversaran con franqueza sobre la posibilidad de construir un modelo de paz territorial propio, que aclimate una convivencia duradera entre las comunidades, con enfoque territorial, justicia restaurativa y desmonte real de economías ilegales. Hoy, después de este demencial atentado, lo repito con más fuerza al Comisionado de Paz, al Ministro de Defensa y al mismo Presidente de la República: el Oriente necesita una salida política y territorial al conflicto armado, antes de que las balas y el dinero sucio terminen por devorar todo intento de institucionalidad.
El atentado no es un hecho aislado. Es un mensaje. Un recordatorio de que los conflictos del pasado, que antes se escondían en las montañas de San Carlos, San Francisco o Argelia, hoy tienen nuevos escenarios: oficinas de notaría, constructoras, curadurías urbanas, despachos de planeación municipal, e incluso las mesas donde se discute el futuro del Área Metropolitana.
La expansión urbanística descontrolada que se vive en municipios como Rionegro, El Retiro, Guarne o La Ceja no es inocente. Cada metro cuadrado de tierra urbanizable representa una oportunidad para transformar dinero manchado de sangre en cemento legalizado. Miles de millones de pesos se movilizan sin mayor control, y las autoridades parecen más interesadas en maquillar cifras de seguridad que en desarticular las redes que permiten este reciclaje del crimen.
Esto no significa desconocer que hay funcionarios honestos, empresarios comprometidos y ciudadanos que luchan por un desarrollo genuino. Pero sí exige abrir los ojos ante una amenaza real: el crimen se ha sofisticado, se ha urbanizado y se ha institucionalizado en ciertos sectores. La violencia no ha desaparecido; ha cambiado de forma, y muchas veces, se camufla detrás de renders arquitectónicos, discursos de progreso y promesas de inversión extranjera.
Lo que ocurrió en Rionegro no es el inicio, sino la continuación visible de una guerra silenciosa que se libra por el control del territorio, no ya con fusiles solamente, sino con títulos de propiedad, licencias de construcción y transacciones bancarias. El riesgo no es solo para la seguridad ciudadana, sino para el tejido institucional, que puede terminar colonizado por intereses mafiosos si no se actúa con decisión.
En este contexto, silenciar las alertas no es proteger la imagen de la región, sino condenarla a un deterioro inevitable. Es momento de tomar decisiones valientes, de exigir transparencia, de fortalecer los sistemas de control y de reconocer que el desarrollo sin ética puede ser más destructivo que la guerra tradicional. Porque cuando las balas se mezclan con los ladrillos, el resultado no es progreso, sino una sofisticada forma de colonización mafiosa.
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