Por caso de desaparición, San Rafael está condenado a pagar millonaria indemnización
El municipio de San Rafael se encuentra localizado en la subregión Oriente del departamento de Antioquia, municipio que fue fundado el 5 de agosto de 1964 por mineros que venían de Santa Rosa de Osos y San Carlos atraídos por la abundancia de oro en el lugar.
En 1986 fue la primera elección de alcaldes populares en el país, aproximadamente 1000 alcaldías entraron en elección y alrededor de la mitad fueron ganadas por la Unión Patriótica (partido conformado por las Farc) lo que conllevó a que la extrema derecha iniciara una campaña de exterminio contra la Unión Patriótica para castigar la movilización social y rechazar el éxito político de la izquierda, un campaña que duró varios años, donde asesinaron más o menos unos 2000 líderes de La Unión Patriótica; el Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana en varias ocasiones y las muertes hoy son reconocidas como el genocidio de la UP (Unión Patriótica).
Se puede decir que, este hecho comparado a nivel mundial pocas veces ha sucedido dentro de una “democracia” y el municipio de San Rafael no fue la excepción, dado que muchos líderes fueron asesinados y desaparecidos.
Uno de estos casos fue el del señor Alejo Arango del Río, él fue un líder minero que hacía parte de este partido, se desempeñaba como administrador de una mina de aluvión en el municipio de San Rafael y fue el creador de la Corporación La Pequeña Minería.
La noche del 4 de marzo de 1988 el señor Alejo Arango se encontraba en la cárcel del municipio por supuesta extorsión, allí solo se contaba con un guardia por cada turno, esa noche llegó un comando paramilitar inmovilizó al único guardia y se llevó al señor Alejo Arango, actualmente se desconoce qué pasó con él.
Un mes después de esta desaparición, ocurre la masacre del El Topacio donde “catorce mineros fueron secuestrados, descuartizados y arrojados al río Nare donde laboraban. Durante ese lapso, otras 182 masacres que dejaron 1.242 víctimas desangraban el país” información tomada del libro memorias de una masacre olvidada, Los mineros de El Topacio, San Rafael (Antioquia), 1988.
La familia de Alejo Arango interpuso una demanda contra el Ministerio de Defensa, el municipio y el IMPEC, la demanda cursó frente al Tribunal Administrativo de Antioquia, la sentencia en primera instancia condenó en forma solidaria al Ministerio de Defensa y al municipio y exoneró de responsabilidades al IMPEC, ya que la cárcel no era de esta institución sino que, era una cárcel de nivel municipal, después de esto, todas las partes apelaron según dice el señor Carlos Alberto Sánchez, jefe jurídico de San Rafael, “el municipio lo hizo argumentando, que no tenían que condenar a San Rafael, por lo que el se encontraba sometido por los militares y los paramilitares, la autoridad civil era prácticamente una figura decorativa”.
San Rafael como muchos municipios de Antioquia y de todo el territorio colombiano, fue un municipio muy golpeado por la guerra, en 1986 el municipio se encontraba militarizado y tomado por grupos paramilitares.
En el 2015 tuvo lugar la sentencia y se apeló, pues se practicaron pruebas en segunda instancia y el municipio siempre argumentó la toma militar y paramilitar en la que estaba sometido, “se da alegatos de conclusión donde se demostró como la existencia de esas fuerzas armadas estaban de manera permanente en el municipio en la época de los hechos” comenta Carlos Alberto, jefe jurídico de San Rafael
El fallo de segunda instancia exoneró a el ejército de toda responsabilidad, quedando el municipio como único responsable de esta desaparición a pesar que se habla que hoy hay testimonios ante la justicia restaurativa en los cuales se habla de connivencia entre los grupos paramilitares y miembros de las fuerzas de Colombia.
Por lo anterior, desde el municipio se interpuso una tutela al Consejo de Estado para que este fallo sea revisado, de hecho realizaron una solicitud de insistencia que presentaron ante la Defensoría del Pueblo a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la Justicia, tomando en consideración las pruebas recogidas en el proceso y las sobrevinientes, que se describen, y los hechos reconocidos como probados en la sentencia impugnada, y en consecuencia, se ordene proferir sentencia absolutoria para el municipio de San Rafael.
Es de resaltar que este fallo lo que implica es que condenan a San Rafael como único responsable de esta desaparición, además abre la posibilidad de que los encargados de la justicia pongan la responsabilidad en cabeza de los municipios y no de la nación, sobre todo municipios de la periferia que fueron los que sufrieron con mucho más rigor las consecuencias del conflicto armado colombiano.
Solicitud de insistencia Mpio San Rafael Rdo T8748450 (1)
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