El día de hoy se cumplen dos meses desde que inició el paro nacional en nuestro país, el 28 de abril salieron diferentes agremiaciones de personas a la calle a manifestar su descontento por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno de Iván Duque, estas fueron realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de esta propuesta.
Sin embargo, durante este tiempo el descontento social ha sido el protagonista, millones de personas han salido a reclamar sus derechos, a manifestar con lo que no están de acuerdo, y hoy se puede decir que han logrado mucho, ya que tumbaron la reforma tributaria, la reforma a la salud, lograron la renuncia de Alberto Carrasquilla ministro de Hacienda y la renuncia de Claudia Blum ministra de Relaciones exteriores, renuncia del general Juan Carlos Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
A pesar de que ha habido un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, las personas no se han dejado intimidar, las manifestaciones se han visto afectadas por desmanes, la violencia de las partes en conflicto, y la respuesta armada por parte de civiles opositores a las marchas, siendo registradas decenas de manifestantes fallecidos en tal contexto y otros cientos reportados como desaparecidos.
El mejor medio para mostrar lo que está pasando han sido las redes sociales, aunque se ha evidenciado que en muchas ocasiones se ha sido víctima de la censura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas. El presidente Duque se negó a aceptar una visita de trabajo inmediata de la CIDH a Colombia, pero esta fue realizada el 8 de junio.
Entre otros los logros se destacan que las movilizaciones posicionaron la necesidad de avanzar en una reforma estructural en la Policía Nacional, también lograron que la mayoría de los colombianos se mostraran contrarios a las doctrinas impulsadas por el expresidente Álvaro Uribe.
Por último, posibilitó sacar a la luz la masiva y sistemática violación a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y la exigencia para desmantelar el Esmad.
En medio de los diálogos con el Gobierno el Comité Nacional del Paro pidió firmar un preacuerdo para garantizar el derecho a las protestas. No obstante, el Gobierno colombiano desconoció el preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica.
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