En el “Gobierno del Cambio”, resulta contradictorio —por no decir ridículo— que el Ministerio de Hacienda avale una Consulta Popular cuyo propósito sea la conformación de un Área Metropolitana en el Oriente Antioqueño (AMO). Lejos de responder a los postulados transformadores del actual gobierno, esta figura tiende a consolidar un modelo de desarrollo centrado en la urbanización desmedida, la concentración del poder político y la exclusión de los sectores que históricamente han sido marginados: comunidades rurales, defensores del medio ambiente, el movimiento social y de la gobernanza del agua y del territorio.
El discurso del cambio ha girado en torno a la democratización de la toma de decisiones, la defensa de la vida en todas sus formas, el fortalecimiento del campesinado y la protección de los bienes comunes, como el agua y el suelo fértil. Sin embargo, el proyecto del AMO contradice frontalmente estos principios. En lugar de avanzar hacia un modelo de gobernanza territorial más incluyente, donde primen los intereses colectivos sobre los particulares, lo que se perfila es una “selva de cemento”, una expansión descontrolada del urbanismo que amenaza los ecosistemas estratégicos y promueve la especulación inmobiliaria en beneficio de sectores económicos y políticos específicos.
Más grave aún es que este proceso se haya desarrollado de espaldas a las comunidades. El Movimiento Social de la Región, Colectivos Culturales, Defensores de los Derechos Humanos, Acueductos Veredales, Activistas Ambientales, Organizaciones Comunales, Movimientos Cívicos, la Asamblea Provincial Constituyente, Medios Alternativos de Comunicación e incluso los mismos Concejos Municipales hemos sido sistemáticamente excluidos de un debate que debería ser público, abierto y deliberativo. En cambio, se ha adelantado a puerta cerrada, entre alcaldes, la gobernación y urbanizadores, reproduciendo prácticas políticas clientelistas y tecnocráticas que privilegian los negocios sobre los derechos. Quienes hemos defendido el territorio por décadas, quienes hemos construido alternativas de vida digna desde lo comunitario, esperamos que no se permitan los recursos públicos para darle vía libre a una figura impopular, que han tratado de legalizar —sin éxito— durante más de treinta años.
El Oriente Antioqueño, conocido por su riqueza hídrica, sus reservas forestales y su vocación agroecológica, no puede seguir siendo visto como el patio trasero del Valle de Aburrá, ni como la cantera inagotable de recursos para Medellín y su área metropolitana. La creación de una nueva figura metropolitana —bajo las lógicas centralistas y tecnocráticas que han caracterizado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)— implicaría la subordinación de los municipios rurales a intereses urbanos, con una clara pérdida de autonomía territorial. Además, se corre el riesgo de convertir la participación ciudadana en una formalidad vacía, al estar controlada por élites políticas locales que buscan perpetuarse en el poder.
La Consulta Popular, en este contexto, no es una herramienta de empoderamiento democrático, sino un mecanismo de legitimación para un proyecto hegemónico disfrazado de participación. Mientras se promueve la supuesta «integración regional», se silencian las voces críticas, se ignoran las propuestas alternativas de ordenamiento territorial sustentable y se debilitan las formas de autogestión comunitaria. Es decir, se perpetúa un modelo de desarrollo excluyente, vertical y profundamente inequitativo.
Por eso solicitamos al Presidente Gustavo Petro Urrego y a su Ministro de Hacienda y Crédito Público que salven la región de esta intentona, que en nombre de una falsa planeación pretende ampliar la malla urbanizable a 80 kilómetros, duplicar o triplicar la población actual hasta los dos millones y medio de habitantes, y trasladar al Oriente Antioqueño los mismos problemas ambientales, de seguridad, de movilidad y sociales que hoy afectan al Valle de Aburrá. En vez de resolver la crisis de Medellín, este modelo pretende expandirla. No podemos permitir que el Oriente sea sacrificado en nombre del crecimiento urbano, sin planificación real y sin justicia territorial.
Desde la perspectiva del Gobierno del Cambio, respaldar esta consulta —y por ende, el AMO— equivale a traicionar su propia narrativa. No se puede hablar de justicia ambiental y social mientras se facilita la concentración de poder, se promueve la urbanización descontrolada y se arrincona al campesinado a la periferia tanto geográfica como política. La verdadera transformación implica reconocer y fortalecer las formas de vida rurales, proteger los territorios de interés ambiental y garantizar una planificación participativa y equitativa del desarrollo.
Aprobar y respaldar la creación del Área Metropolitana del Oriente Antioqueño bajo las condiciones actuales sería no solo un error estratégico, sino una incoherencia ética y política. El gobierno tiene la responsabilidad de ser coherente con su discurso y de frenar cualquier intento de convertir el Oriente en una pieza más del rompecabezas urbano-industrial que tanto daño ha hecho a los territorios. Si el cambio es real, debe empezar por respetar la diversidad territorial, defender la gobernanza del agua y empoderar a los sectores históricamente excluidos. La decisión no puede tomarse sin las comunidades, sin los movimientos sociales y sin la deliberación amplia y legítima del pueblo que habita y defiende el territorio.
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