El Congreso Nacional y su Deber de Escuchar al Constituyente Primario en la Creación del Área Metropolitana del Oriente (AMO)
El miércoles pasado se realizó la Sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Honorable Senado de la República que votaría la Ponencia del Senador Guido Echeverri, Exgobernador de Caldas y electo Senador por el Partido Verde, aunque sus antecedentes políticos se encuentran en el Partido Conservador Colombiano, dándole visto positivo al AMO-Área Metropolitana del Oriente.
Desde que fue publicado el Orden del Día se podía percibir el «gato encerrado» que se tramaba a espaldas de la Región y sus organizaciones, porque únicamente estaban invitados el Gobernador de Antioquia, los alcaldes firmantes del acta de intención de la creación del AMO y los concejales de los municipios involucrados en el AMO. Ninguna organización social del Territorio fue invitada a esta crucial votación que decidiría el futuro de todo el Territorio.
Mucho más notable, de ese «gato encerrado», fue la presencia de Rubén Darío Quintero, exalcalde de Rionegro, exsecretario privado de la gobernación de Uribe, exsenador de la República, condenado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia, padre del Senador Esteban Quintero y tío político del Gobernador de Antioquia quién, según rumores en la Región, sería el primer Director Ejecutivo del AMO. Aunque esa condena trae consigo una inhabilidad de por vida para ocupar cargos públicos.
El Área Metropolitana del Oriente (AMO) es una figura que ha sido promovida en repetidas ocasiones para el Oriente Antioqueño por un sector político y, fundamentalmente empresarios ligados a la construcción, pero su imposición resulta inconveniente debido a la pérdida de autonomía municipal y los riesgos de urbanización descontrolada. La creación del AMO implicaría que los municipios cederían parte de su soberanía a una entidad centralizada, lo que limitaría su capacidad para tomar decisiones propias sobre ordenamiento territorial, inversión y desarrollo local. Además, este modelo metropolitano está diseñado para áreas altamente urbanizadas, como el Valle de Aburrá, mientras que el Oriente Antioqueño tiene una realidad distinta, con una combinación de centros urbanos, zonas rurales y ecosistemas estratégicos que requieren una planificación más flexible y adaptada a sus particularidades.
Otro aspecto preocupante es el impacto ambiental y económico que traerá la implementación del AMO, porque lo que se esconde aquí es, ni más, ni menos, que un voraz y depredador negocio inmobiliario a gran escala. No nos quepa la menor duda que ese es el interés real y la urgencia de imponernos el AMO.
El Oriente Antioqueño es una región clave para la conservación del agua y la biodiversidad, por lo que la expansión urbana sin una adecuada gestión podría generar una presión insostenible sobre los ecosistemas. Asimismo, la distribución de recursos bajo un esquema metropolitano podría favorecer a ciertos municipios en detrimento de otros, generando desigualdades y afectando la autonomía financiera de cada territorio. La insistencia en imponer esta figura sin un consenso amplio ni una consulta popular vinculante refuerza la percepción de que responde más a intereses políticos y económicos que a las verdaderas necesidades de la región.
El Congreso Nacional tiene la responsabilidad de representar y velar por los intereses del pueblo. En este sentido, cuando se toman decisiones que impactan directamente a la ciudadanía, como la creación del Área Metropolitana del Oriente (AMO), es fundamental que los legisladores escuchen al constituyente primario, es decir, a las organizaciones sociales y a la comunidad que será beneficiada o afectada por dicha decisión.
Las organizaciones sociales de la región desempeñan un papel crucial en la representación de las necesidades y aspiraciones de la población. Son ellas las que han impulsado el NOalAMO.
El principio de participación ciudadana y el derecho a la consulta obligan al Congreso a no tomar decisiones de espaldas a la gente. De acuerdo con los postulados democráticos y constitucionales, los legisladores deben garantizar espacios de diálogo, audiencias públicas y mecanismos de consulta con las organizaciones sociales antes de votar sobre la viabilidad del AMO.
Ignorar la voz de la ciudadanía sería un acto contrario a los principios democráticos y a la representación legítima que debe ejercer el Congreso. Por ello, los parlamentarios tienen el deber no solo legal, sino también ético y moral, de tomar una decisión positiva que responda a los intereses de la población del Oriente, asegurando un desarrollo sostenible y equitativo para todos.
El pasado miércoles no hubo cuórum decisorio en la Comisión y por eso se les hundió la votación, que esperaban celebrar con «bombos y platillos» desde la Gobernación de Antioquia y los alcaldes firmantes del Acta de Intención, de los cuales, dicho sea de paso, asistieron El Carmen de Viboral, Rionegro, San Vicente, Santuario y Guarne. Algunos de ellos, como el alcalde de El Carmen de Viboral, en completo desacuerdo en todos sus actos de campaña con la creación de un AMO y ahora su ferviente defensor.
Sin embargo, la Comisión ha sido citada nuevamente, en Bogotá, para este próximo miércoles para votar a espaldas de la Región y sus Organizaciones Sociales. lo que reafirma que sí hay «gato encerrado» e intereses muy oscuros en la imposición del AMO al Oriente Antioqueño.
¡El Oriente Antioqueño somo veinte tres municipios!
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