Muy a pesar de los constantes cuestionamientos y ataques de la oposición política de esta Región, encabezada por el Gobernador Andrés Julian Rendón y él Senador Esteban Quintero, frente a la gestión del actual gobierno en materia de seguridad, los hechos concretos en el Oriente Antioqueño reflejan avances muy significativos en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.
En esta región estratégica para Antioquia y para Colombia, en los últimos dos años y cinco meses, se han desmantelado más de 40 laboratorios de procesamiento de cocaína y, por lo menos, unos 20 entables de minería ilegales, golpeando con fuerza las estructuras criminales y sus economías, además sacando a la luz el papel crucial que esta región cumple dentro del engranaje global de los actores armados ilegales que usan el narcotráfico y la minería como sus fuentes de financiamiento.
Uno de los operativos más recientes y representativos se desarrolló esta semana en la vereda El Salto del municipio de El Peñol, en límites con San Vicente Ferrer, donde fue desmantelada una megacocina con casi una tonelada de cocaína lista para exportación. Detrás de este negocio ilegal en El Peñol siempre ha estado históricamente una sola familia con más de dos décadas en el negocio ilícito, a la que se le han destruido, al menos, diez laboratorios en la última década. Lo preocupante es que, según reportes, casi toda la comunidad local participa directa o indirectamente en esta economía, reflejo de cómo el narcotráfico ha capturado a comunidades enteras en El Peñol y en diferentes municipios del Oriente Antioqueño.
Pero más allá de los laboratorios, los cultivos y los entables de minería, lo que se evidencia es una especialización del territorio para la operación de negocios ilícitos. Por un lado, en las zonas de páramos y bosques del Oriente se cultiva la hoja de coca y se extrae oro, aprovechando la geografía difícil y la escasa presencia institucional. En la zona de los embalses, con su vasta cobertura boscosa y relativa facilidad para esconder estructuras, se ubican los laboratorios de procesamiento de cocaína. Y en el altiplano, particularmente en municipios como Rionegro, La Ceja, El Retiro, Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, Guarne, Santuario y Marinilla, los que quieren integrar el Área Metropolitana, ocurre el lavado de dinero, camuflado en una economía legal en crecimiento. El mecanismo más notorio es la burbuja inmobiliaria, que ha transformado radicalmente el paisaje urbano y rural, elevando el precio del suelo, generando desarrollos residenciales desproporcionados y alimentando un modelo económico artificial sustentado en capitales ilícitos.
Es en esta subregión, con la integración al Área Metropolitana, que se proyecta extender la mancha urbana a 80 kilómetros, con un crecimiento poblacional de dos millones quinientos mil habitantes, para los próximos veinte años.
A todo esto, se suma una realidad incómoda: es evidente que la ilegalidad ha permeado la institucionalidad regional. No se puede montar una megacocina o establecer un entable minero, mover insumos, químicos e hidrocarburos, transportar toneladas de cocaína, ni invertir millones de pesos en proyectos inmobiliarios, sin que haya silencio cómplice o, como mínimo, indiferencia de parte de algunas autoridades y Agentes del Estado. Esta red de omisión o corrupción institucional es una de las razones por las cuales el narcotráfico y la minería ilegal ha prosperado con tanta fuerza en la subregión.
A pesar de ello, los recientes operativos demuestran que el Estado puede y debe actuar. Las capturas de narcotraficantes nacionales e internacionales, ligados a estructuras armadas ilegales, la destrucción de infraestructuras ilegales, entables mineros, y los golpes a las economías criminales son señales claras de que, si hay voluntad y continuidad, es posible revertir la situación.
El Oriente Antioqueño no solo ha sido un territorio estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal, sino también un laboratorio de especialización territorial del crimen. Esta subregión, hoy dividida entre la ilegalidad y el desarrollo, necesita una intervención decidida que recupere su vocación productiva y garantice un futuro sustentado en la legalidad y la equidad.
Llama la atención, y mucho, que los críticos permanentes en materia de seguridad del actual gobierno en el territorio sean los que guardan un silencio sepulcral frente al narcotráfico y la minería ilegal que se da en la Región y que fortalece la expansión armada ilegal que vive el Territorio, además de ser los promotores más fervientes de la integración de un Área metropolitana.
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