Hay lugares de Colombia donde la tierra no es simplemente un activo económico. Es memoria. Es la parcela que volvió a sembrarse después de años de abandono, la casa que se reconstruyó con las manos, el café, la leche, el plátano, la huerta, los animales y el camino que volvió a llenarse de voces después de que la violencia hubiera obligado a sus habitantes a marcharse.
San Carlos, Antioquia, es uno de esos lugares.
Por eso resulta particularmente doloroso que, después de décadas en las que el Estado ha hablado de retorno, reparación, reconstrucción del tejido social y recuperación del arraigo campesino, una herramienta que debería servir para ordenar el territorio y hacerlo más justo pueda terminar convirtiéndose, para algunas familias, en una nueva amenaza de expulsión.
El problema no es que Colombia tenga un Catastro Multipropósito. El problema aparece cuando la actualización del valor de la tierra deja de mirar la realidad económica de quien la habita y trabaja, y termina tratando como riqueza disponible lo que para una familia campesina apenas representa su posibilidad de sobrevivir.
En San Carlos, la actualización catastral rural fue clausurada oficialmente en diciembre de 2025 y los nuevos avalúos comenzaron a tener vigencia fiscal desde el primero de enero de 2026. La resolución departamental señala expresamente que se trata del proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito para los predios rurales del municipio.
Y aquí comienza la discusión que no puede reducirse a una cuestión de números.
Una finca puede valer mucho en el papel y muy poco en el bolsillo
El Catastro Multipropósito tiene objetivos legítimos. El propio IGAC explica que busca mejorar la información física, jurídica y económica de los predios, fortalecer la seguridad jurídica, apoyar el ordenamiento territorial y mejorar la gestión fiscal. También reconoce algo fundamental: la actualización catastral incide directamente sobre el Impuesto Predial Unificado y el desafío de los municipios consiste en aumentar sus ingresos sin perder de vista la capacidad de pago de los contribuyentes y los principios de equidad y progresividad.
Ahí está precisamente el corazón del problema.
Porque valor catastral no significa capacidad de pago.
Una finca campesina puede tener una extensión considerable, estar ubicada en un territorio cuyo valor inmobiliario ha aumentado y, sin embargo, producir apenas lo necesario para sostener a una familia.
La tierra puede valer millones.
Pero la familia no tiene esos millones.
Y esa diferencia, que parece elemental, puede convertirse en una tragedia cuando el Estado transforma el nuevo valor del suelo en una obligación tributaria que crece mucho más rápido que los ingresos de quienes viven de él.
El campesino no recibe cada año el valor comercial de su finca en efectivo. No vende la tierra para pagar el predial. Vive de lo que produce.
Puede tener diez, veinte o cincuenta hectáreas y seguir siendo pobre.
Puede ser propietario y, al mismo tiempo, carecer de liquidez.
Puede poseer tierra y no tener dinero.
Esa es una de las contradicciones que cualquier política de actualización catastral debe ser capaz de comprender.
San Carlos no puede olvidar su propia historia
Hablar de nuevos impuestos sobre la tierra en San Carlos exige recordar qué ocurrió allí.
Durante los años más duros del conflicto armado, numerosas comunidades rurales fueron expulsadas de sus veredas. La Unidad para las Víctimas ha documentado cómo familias campesinas perdieron sus tierras, sus proyectos de vida y tuvieron que desplazarse; posteriormente, muchas emprendieron procesos de retorno y reconstrucción.
En algunas comunidades, el retorno significó volver a levantar una casa, recuperar un cultivo, reconstruir una escuela, recuperar un camino y volver a confiar en que era posible vivir en el lugar donde habían nacido.
La propia Unidad para las Víctimas ha descrito estos procesos como esfuerzos de recuperación del arraigo y de reconstrucción de comunidades rurales afectadas por el conflicto.
Por eso sería una enorme contradicción histórica que una familia que sobrevivió al desplazamiento armado, que regresó a su tierra y que consiguió reconstruir lentamente su vida, terminara abandonándola años después porque ya no puede pagar los costos de permanecer en ella.
Sería otra forma de expulsión.
No sería la misma.
No habría fusiles.
No habría amenazas.
No habría grupos armados entrando a las veredas.
Pero podría existir igualmente una fuerza capaz de sacar a la gente de su territorio: la imposibilidad económica de conservarlo.
Y ese riesgo merece ser discutido antes de que ocurra, no después.
El Estado no puede confundir propiedad con riqueza
Hay algo profundamente injusto en mirar una finca exclusivamente desde el precio que podría alcanzar en el mercado.
La tierra campesina no es solamente un activo inmobiliario.
Es vivienda.
Es trabajo.
Es alimento.
Es patrimonio familiar.
Es territorio.
Es memoria.
Es una forma de vida.
En Colombia, además, la tierra rural ha estado sometida durante décadas a profundas desigualdades. Por eso una política que busca actualizar valores debe preguntarse no solamente cuánto vale un predio, sino quién lo habita, qué produce, cuánto genera realmente y cuál es la capacidad económica de su propietario para asumir las obligaciones derivadas de ese nuevo avalúo.
El propio IGAC reconoce que el avalúo catastral puede incrementarse significativamente sin que ello implique automáticamente un aumento equivalente del impuesto predial, porque el impuesto depende también de las tarifas y de las reglas tributarias municipales.
Esta precisión es importante.
No sería correcto afirmar que un nuevo avalúo produce automáticamente un incremento proporcional del predial.
Pero tampoco sería responsable ignorar que el avalúo es la base gravable del impuesto predial y que, por tanto, una modificación sustancial de esa base puede tener consecuencias fiscales para los propietarios. El propio estatuto tributario de San Carlos establece que la base gravable del predial es el avalúo catastral y contempla la posibilidad de solicitar su revisión.
Por eso la discusión no debería ser presentada como una falsa oposición entre quienes quieren actualizar el catastro y quienes defienden a los campesinos.
La verdadera pregunta es otra:
¿Qué tipo de actualización catastral necesita un territorio para ser más justo sin expulsar a quienes históricamente lo han habitado?
La tierra no puede convertirse en una trampa
Existe otro peligro.
Cuando el valor fiscal de una finca aumenta mientras los ingresos de la familia permanecen iguales, el propietario puede comenzar a sentirse atrapado.
No puede pagar.
No quiere abandonar.
No puede vender porque esa tierra representa el patrimonio de toda su vida.
Pero tampoco puede sostener las obligaciones que pesan sobre ella.
Entonces aparece una posibilidad que debería preocuparnos profundamente: vender.
Y cuando muchas familias campesinas comienzan a vender, el problema deja de ser individual.
La tierra cambia de manos.
El campesino sale.
Llegan compradores con mayor capacidad financiera.
El suelo cambia de uso.
La propiedad se concentra o se transforma.
Y poco a poco aquello que durante generaciones fue territorio productivo y campesino puede convertirse en mercancía inmobiliaria.
No estoy afirmando que esto esté ocurriendo ya en San Carlos como consecuencia comprobada del proceso catastral. Sería necesario demostrarlo con datos sobre avalúos, liquidaciones del predial, ingresos rurales, morosidad, ventas y cambios en la estructura de propiedad.
Pero precisamente por eso las autoridades deberían medir y publicar esos efectos.
Porque una política pública seria no puede conformarse con decir cuánto aumentó el valor de la tierra.
Tiene que preguntarse qué está ocurriendo con las personas que viven sobre esa tierra.
Un catastro para la vida, no solamente para el recaudo
El propio IGAC ha insistido recientemente en que el Catastro Multipropósito no debe entenderse únicamente como una herramienta para determinar avalúos, sino también como instrumento para el ordenamiento territorial, la seguridad jurídica, la planificación y la toma de decisiones públicas.
Esa definición debería tomarse en serio.
Porque si el catastro termina sirviendo principalmente para saber cuánto cobrar, habremos reducido una política de transformación territorial a una herramienta fiscal.
Y eso sería especialmente grave en municipios como San Carlos.
Aquí el Estado debería hacer algo más que actualizar cifras.
Debería escuchar a las comunidades.
Revisar los casos particulares.
Detectar errores.
Facilitar las solicitudes de revisión.
Estudiar la capacidad real de pago.
Proteger al pequeño productor.
Y garantizar que ningún campesino tenga que escoger entre pagar un impuesto y comprar los alimentos de su familia.
La normativa permite solicitar la revisión del avalúo catastral, y en el caso específico de San Carlos la resolución de clausura señala expresamente que los interesados pueden solicitarla.
Pero no basta con que exista formalmente un mecanismo de reclamación.
Debe ser comprensible, accesible, rápido y eficaz para un campesino que probablemente no tenga abogado, topógrafo, ingeniero ni dinero para recorrer oficinas.
La justicia administrativa también consiste en que la gente pueda defenderse.
No se puede reparar el desplazamiento produciendo otro
Tal vez esa sea la pregunta más incómoda que debería hacerse San Carlos.
¿Qué sentido tiene invertir durante años en retorno, reparación colectiva, infraestructura rural y recuperación del tejido social si las familias que lograron regresar terminan sintiendo que permanecer en su tierra se vuelve económicamente imposible?
El país ha aprendido, con enorme dolor, que desplazar a una comunidad no significa únicamente sacarla físicamente de una finca.
Significa romper una relación con el territorio.
Por eso el derecho al retorno no debería entenderse únicamente como la posibilidad jurídica de regresar.
También debería significar tener condiciones materiales para quedarse.
Una familia que regresa pero no puede producir, pagar sus obligaciones, acceder a servicios, comercializar sus productos o sostener económicamente su propiedad no ha recuperado completamente su territorio.
Ha regresado, sí.
Pero su permanencia sigue siendo frágil.
Y allí está el verdadero desafío del Catastro Multipropósito en San Carlos.
No se trata de defender un catastro atrasado ni de negar la necesidad de conocer el verdadero valor de los predios. Se trata de preguntarnos para qué queremos conocer ese valor y qué hacemos con esa información.
Si sirve para ordenar el territorio, proteger al campesinado, reconocer derechos, planificar mejor y distribuir justamente las cargas públicas, puede convertirse en una herramienta poderosa.
Pero si termina haciendo que un campesino tenga que abandonar la finca que recuperó después de haber sido expulsado por la guerra, algo habrá salido profundamente mal.
Porque una tierra puede ser más valiosa en los registros y, al mismo tiempo, volverse más inaccesible para quienes la trabajan.
Y ese sería el verdadero despropósito.
Que después de haber sobrevivido al desplazamiento producido por las armas, el campesino de San Carlos tenga que enfrentar un nuevo desplazamiento producido por los números.
Que esta vez nadie le dispare.
Que nadie lo amenace.
Que nadie lo saque por la fuerza.
Que simplemente llegue una cuenta que no puede pagar.
Y que, un día, tenga que cerrar la puerta de la finca, mirar por última vez la tierra que sus padres le dejaron y marcharse porque ser propietario de su propia historia se volvió demasiado costoso.
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