La situación sucedida en los últimos días en la vereda El Topacio, con el señor John Fredy de Jesus Salazar Torres, en el municipio de San Rafael, expone con crudeza una tensión histórica en Colombia en las áreas de influencias de la generación de energía y, por supuesto, en los municipios del Oriente Antioqueño donde estas empresas extraen la energía: la relación desigual entre grandes empresas energéticas y las comunidades que habitan los territorios donde estas operan. En este caso, la empresa ISAGEN aparece como protagonista de una actuación desproporcionada, insensible y profundamente desconectada de la realidad social de sus vecinos.
Calificar como “grotesco” el manejo de la situación no parece exagerado cuando se analiza el contexto. Lo que está en juego no es un privilegio extraordinario, sino un derecho básico: el tránsito por una servidumbre históricamente reconocida y, según la Matricula Inmobiliaria 018-41689 y la Ficha Predial 20308646, respaldada por escrituras legales. Sin embargo, la respuesta empresarial —vigilancia con perros, construcción de barreras físicas, uso de maquinaria para alterar el terreno y una estrategia mediática, a través de bodegas prepago de comunicaciones de la región, para justificar sus acciones— sugiere un uso del poder que desborda cualquier principio de proporcionalidad. Más grave aún resulta que estas acciones se den, pasando por encima de decisiones adoptadas por la Inspectora Municipal, lo que pone en entredicho el respeto por el orden institucional.
Este tipo de conflictos no puede analizarse de manera aislada. En territorios como San Rafael, marcados por una historia de violencia y abandono, cada acción de actores poderosos revive memorias colectivas. La referencia a la masacre de mineros ocurrida en junio de 1988, en la misma Vereda El Topacio, no es un simple recurso retórico, sino un recordatorio de las heridas abiertas que aún persisten en la región. Ese hecho, atribuido a fuerzas militares acantonadas en la zona, dejó una huella profunda en la comunidad, configurando una deuda histórica que trasciende a los responsables directos y se proyecta sobre quienes hoy ejercen poder económico en el territorio.
En este sentido, la discusión sobre la “licencia social” adquiere una relevancia fundamental. Más allá de los permisos legales y ambientales, las empresas necesitan construir legitimidad frente a las comunidades. Esta no se obtiene mediante campañas publicitarias ni las migajas a través de compensaciones económicas limitadas, sino a través del respeto efectivo por los derechos, el diálogo genuino y la comprensión de las dinámicas sociales locales. Cuando una empresa obtiene enormes beneficios económicos de un territorio, pero responde a los conflictos cotidianos con medidas coercitivas, se erosiona esa legitimidad y se profundiza la desconfianza.
El caso de la servidumbre en El Topacio revela precisamente esa fractura. La imagen de un campesino que, pese a contar con respaldo legal, enfrenta obstáculos físicos y simbólicos para acceder a su propia finca, es poderosa y preocupante. Representa no solo una disputa individual, sino una metáfora de la exclusión que muchas comunidades sienten frente a proyectos que transforman su entorno sin integrarlas plenamente.
Además, el uso de bodegas de comunicación prepago para construir una narrativa favorable a la empresa plantea interrogantes sobre el acceso a la información y la pluralidad de voces en estos territorios. Cuando el poder económico influye en la construcción del relato público, se dificulta aún más que las comunidades puedan expresar sus reivindicaciones en condiciones de equidad.
No podemos normalizar el atropello en nuestra región. Aceptarlo como parte inevitable del desarrollo sería renunciar a principios básicos de justicia y convivencia. Por el contrario, estos hechos deben servir como punto de inflexión para exigir relaciones más equilibradas entre empresas y comunidades, donde el respeto por los derechos no sea negociable y donde el progreso no se construya a costa de la dignidad de quienes habitan el territorio.
Lo ocurrido en El Topacio no es un incidente menor ni aislado. Es una manifestación de un problema estructural: la distancia creciente entre grandes empresas y las comunidades que conviven con sus operaciones. Superar esta brecha requiere mucho más que estrategias de comunicación o migajas en compensación. Exige un compromiso real con la justicia social, el respeto por la legalidad y la memoria histórica, y la construcción de relaciones basadas en la confianza y la dignidad. Sin ello, cualquier intento de desarrollo seguirá estando marcado por el conflicto y la resistencia.
Esperemos que los jueces de la República fallen en justicia para restablecer los derechos que, según se denuncia, han sido vulnerados desde el poder de ISAGEN al señor John Fredy de Jesús, reconociendo la validez de sus títulos y el carácter legítimo de la servidumbre que le permite el acceso a su propiedad. Más allá del caso particular, una decisión judicial en este sentido enviaría un mensaje claro sobre la primacía del Estado de derecho frente a cualquier forma de abuso de poder, reafirmando que ni el tamaño económico ni la influencia empresarial pueden estar por encima de las garantías fundamentales de los ciudadanos.
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