PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO
Existe una enorme preocupación en el Oriente Antioqueño después de la aparición de una bandera y varias pintas alusivas al ELN en el Municipio del Retiro. Aunque no es cierto que exista una estructura armada de esa organización ilegal en la Región, si existen antiguos miembros del Frente Carlos Alirio Buitrago e incluso de los Frentes 9 y 47 de las FARC que, de manera individual y aislada, han venido extorsionando en municipios como San Luis, San Francisco, Cocorná, Argelia, Sonsón o Nariño, a nombre de esas organizaciones ilegales. Antiguos corredores estratégicos de estas guerrillas, que el Estado no ha logrado recuperar ni social, ni militarmente.
También la muerte de Oliverio Isaza, Alias «Terror», abre mucha preocupaciones y preguntas sobre el reacomodo y la disputa por el poder de las cuatro facciones existentes al interior de los «Gaitanistas» en el Territorio.
Hay zozobra, y mucha, entorno a las consecuencias humanitarias por una posible disputa territorial entre los «Gaitanistas» y los «Mesa», a propósito del operativo policial que termino con la muerte de Alias «Terror» y cinco de sus escoltas. La posibilidad de que los «Mesa», que hacen presencia en varios municipios de la Región, aprovechando el vacío generado por Alias «Terror» y la disputa interna por el poder, quieran extender sus zonas de económica ilícita y fortalecerse militarmente.
Las grandes rentas ilegales provenientes de la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico, además de las ganancias multimillonarias de proyectos inmobiliarios en el Territorio, sostienen diferentes poderes al interior de los actores armados ilegales, pero también han permeado gran parte de la institucionalidad y, por supuesto, la clase política.
El Oriente Antioqueño ha sido históricamente una región estratégica para los grupos armados ilegales debido a su ubicación geográfica, sus corredores de movilidad y la presencia de economías ilícitas, fundamentalmente de minería ilegal y el cultivo y procesamiento de cocaína. En este contexto, el riesgo de que miembros aislados del ELN y las disidencias de las antiguas FARC se reagrupen en una nueva estructura armada ilegal, es una amenaza latente para la seguridad y la estabilidad de la región.
En los últimos años, a pesar de los esfuerzos del Estado y los acuerdos de paz, algunas facciones disidentes de las FARC han seguido operando, mientras que el ELN mantiene su presencia en varias zonas del país. En el Oriente Antioqueño tanto el ELN, como las FARC, fueron derrotados militarmente en una alianza macabra entre Agentes del Estado y estructuras paramilitares que tiene varios altos militares en la cárcel. El peligro surge cuando excombatientes de ambos grupos, que quedaron sueltos en diferentes municipios, encuentran intereses comunes en la expansión territorial, el control del narcotráfico y la extorsión, lo que podría dar lugar a alianzas o nuevas estructuras híbridas que desafíen el orden público. Peligro latente en el Oriente Antioqueño.
Este fenómeno no solo pondría en riesgo a la población civil, que ya ha sufrido los estragos del conflicto armado, sino que también dificultaría los procesos de paz y reconciliación. La consolidación de una estructura conjunta entre personas que otrora fueron miembros del ELN o de las FARC podría traducirse en un aumento de los enfrentamientos con los «Gaitanistas», los «Mesas» y Fuerza Pública y, por lo tanto, veríamos nuevamente un aumento en las muertes violentas, el desplazamiento forzado y un recrudecimiento de la violencia en el Oriente Antioqueño.
Es fundamental que el Estado refuerce su presencia en la Región, no solo desde el punto de vista militar, sino, y talvez más importante, con programas sociales y económicos que prevengan la reincidencia de excombatientes en actividades ilícitas. Además, la inteligencia y la cooperación entre las autoridades son claves para evitar que estos grupos logren establecerse y expandir su influencia.
Por ello hemos alertado, desde esta Tribuna de Opinión, sobre el aumento de acciones ilegales y la criminalidad en varios municipios como Argelia, Nariño, Sonsón, San Francisco, Carmen de Viboral, etc.
El futuro del Oriente Antioqueño depende en gran medida de la capacidad del gobierno para anticiparse a estas amenazas y garantizar que la paz y la seguridad sean una realidad para sus habitantes.
También, se hace necesario superar de manera urgente las desconfianzas expresadas por el Estado Mayor Conjunto del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia para que la Mesa Socio-Jurídica avance en verdaderos hechos de paz para regiones como el Oriente Antioqueño.
Diversas Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, así como varios alcaldes, han solicitado que en este Territorio se dé una de esas mesas de diálogo para visibilizar las brechas sociales existentes en la Región y lograr una inversión para la paz que brinde mayores oportunidades a las comunidades que más inequidad padecen.
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