El pasado 5 de septiembre de 2025, el Gobierno Nacional emitió la Resolución 294, mediante la cual se reconoce al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) como Grupo Armado Organizado (GAO). Esta decisión marca un hito significativo en el contexto del conflicto armado colombiano y abre un nuevo capítulo en los esfuerzos por alcanzar una paz integral y duradera. Sin embargo, el reconocimiento formal de este grupo no es simplemente un acto administrativo o jurídico, sino una acción con profundas repercusiones políticas, sociales y humanitarias, especialmente en regiones afectadas como el Oriente Antioqueño.
Reconocimiento y Responsabilidades
El reconocimiento del EGC como GAO tiene implicaciones claras en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH). En primer lugar, otorga al grupo ciertos reconocimientos y derechos, como la posibilidad de participar en procesos de diálogo con el Estado y eventualmente acceder a medidas jurídicas diferenciadas en caso de desmovilización. No obstante, este reconocimiento también implica obligaciones estrictas: el respeto a la población civil, la prohibición del reclutamiento forzado, la protección de bienes culturales y ambientales, y la abstención de acciones que generen desplazamientos forzados, entre otras.
El EGC, al adquirir este estatus, se convierte en un actor no estatal reconocido dentro del conflicto armado interno. Por ende, debe someterse a los principios del DIH, como la distinción entre combatientes y no combatientes, y la proporcionalidad en el uso de la fuerza. El incumplimiento de estas normas puede derivar en responsabilidades penales individuales por crímenes de guerra.
Implicaciones para el Oriente Antioqueño
La región del Oriente Antioqueño ha sido históricamente golpeada por la violencia, el desplazamiento forzado y la presencia de múltiples actores armados ilegales. En los últimos años, comunidades y organizaciones sociales han denunciado el avance del EGC en esta zona, así como los impactos sobre la vida cotidiana, el tejido social y el medio ambiente. En este contexto, el reconocimiento del EGC como GAO abre una ventana de oportunidad para establecer mecanismos de diálogo territorializados que respondan a las necesidades específicas de esta región.
Es por ello que distintas voces del Oriente Antioqueño han insistido en la necesidad de que se establezca una mesa de negociación en el territorio, que permita abordar de manera directa temas cruciales como el respeto por la población civil, la protección del medio ambiente y la implementación de inversiones sociales que permitan aclimatar la paz. Este enfoque no solo reconoce la centralidad de las comunidades en la construcción de paz, sino que también rompe con la lógica centralista que históricamente ha caracterizado los procesos de negociación en Colombia.
Participación Comunitaria y Construcción de Paz
Uno de los avances más significativos que puede derivarse de esta resolución es la apertura a la participación comunitaria en el proceso de diálogo. Las comunidades, organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, colectivos de mujeres y juventudes deben ser actores protagónicos en la definición de los contenidos de las negociaciones. Solo así se podrán construir acuerdos legítimos y sostenibles, que respondan a las realidades locales y que garanticen transformaciones estructurales en los territorios.
Además, debe ponerse sobre la mesa la necesidad de un enfoque ambiental en las negociaciones. El Oriente Antioqueño es una región rica en biodiversidad, con ecosistemas estratégicos que han sido profundamente afectados por actividades extractivas, cultivos ilícitos y confrontaciones armadas. Una paz verdadera debe incluir compromisos claros de respeto y restauración ambiental, así como proyectos de economía campesina, agroecología y soberanía alimentaria.
El reconocimiento del Ejército Gaitanista de Colombia como Grupo Armado Organizado no debe entenderse únicamente como un acto jurídico, sino como una oportunidad histórica para avanzar en la construcción de una paz territorial, participativa y sostenible. El Oriente Antioqueño, por su historia, su resistencia y su capacidad organizativa, debe ocupar un lugar central en este proceso. Que esta resolución no sea solo un documento más, sino el punto de partida para una transformación real que dignifique la vida en los territorios y que permita superar, de una vez por todas, las causas estructurales del conflicto.
Artículos del autor
