SE ABRIÓ CAJA DE PANDORA
Habrán más capturas en los próximos días.
Compraron el lItro de leche que vale en cualquier supermercado mil setecientos pesos, por cuatro mil doscientos pesos.
Las detenciones de dos funcionarias de la Alcaldía de El Retiro, de las secretarias de Bienestar Social y la otra de la Secretaría de Hábitat y una mujer particular que hacia las veces de contratista, a las que les imputaron cargos por “posible corrupción” en la compra de víveres con sobrecostos de más del 140%, para atender a los habitantes más vulnerables en medio de la pandemia, destapa lo que es un secreto a voces y es, precisamente, el aprovechamiento ilícito de las ayudas otorgadas a los más pobres en el Oriente Antioqueño para echarse platica al bolsillo por parte de funcionarios públicos inescrupulosos.
Recordemos que también en Abejorral hubo detención de varios funcionarios en meses pasados, entre ellos los secretarios de Gobierno y salud, además del Asesor Jurídico del Municipio. Proceso que sigue abierto y a la espera de nuevas decisiones judiciales.
En La Unión fue sancionada, por la Procuraduría General de la Nación, la Secretaria de Salud por malos manejos en el PAE en la primera administración del actual alcalde, quién esta bajo la lupa de la Fiscalía.
En el Caso de El Retiro, la Fiscalía General de la Nación ha anunciado nuevas órdenes de captura en los próximos días.
Pero ahí no va a parar la acción de los Órganos de Control, este medio conoce investigaciones abiertas por sobrecostos en alimentos o elementos de bioseguridad en, por lo menos otras ocho alcaldías y algunas asociaciones de municipios de la región.
En el país van tres gobernadores, treinta alcaldes y dos concejales judicializados por “posible” corrupción en las compras hechas en medio de la pandemia.
Estamos hablando de seis mil contratos por un valor de seiscientos sesenta y siete mil millones de pesos. Más de medio billón de pesos que le fueron desfalcados a los municipios y departamentos y fueron a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos. Van treinta y un detenidos y por lo que se espera serán muchos más los que vayan a parar a las cárceles por apropiarse de los recursos destinados a ayudar a los más pobres y vulnerables.
Y es qué la declaratoria de emergencia, hecha por casi todos los alcaldes y gobernadores del país, que les permitía hacer compras sin mayores controles, esta arrojando resultados grotescos. Las posibles perdidas serían alrededor de dos y medio billones de pesos.
Muy seguramente tendremos nuevas noticias en los próximos días.
Esta es una noticia en desarrollo.
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