El atentado contra Miguel Uribe, precandidato de la derecha colombiana, ha conmocionado al país entero y ha generado una ola de solidaridad nacional e internacional. Este hecho, que rechazamos categóricamente, no es simplemente un ataque a una persona: es un atentado contra la democracia, contra el derecho a la diferencia y contra la posibilidad de construir un país donde las ideas se debatan y no se eliminen.
Sin embargo, lo sucedido no puede entenderse como un hecho aislado. Hace parte de una cadena histórica de violencia política que ha marcado profundamente el rumbo de Colombia. Desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 hasta los asesinatos de Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa y Álvaro Gómez Hurtado, la historia nos recuerda que, en este país, hacer política ha sido un acto de altísimo riesgo.
Valga decir, con total claridad, que la mayoría de estos crímenes —sino todos— han sido orquestados o facilitados por sectores de la extrema derecha, que históricamente no han permitido el disenso ni la transformación estructural del país. Para esos sectores, cualquier propuesta de cambio ha sido interpretada como una amenaza, y la respuesta ha sido la eliminación física del adversario. Esta intolerancia ha secuestrado por décadas la posibilidad de una democracia real.
Lo que agrava aún más el momento que vivimos es que, tras el atentado, no han faltado quienes, desde distintos sectores del espectro político, han intentado instrumentalizar el hecho con fines electoreros. Es, sin duda, inelegante —y profundamente irresponsable— que se utilice la violencia sufrida por un candidato como herramienta de cálculo político, cuando lo que debería prevalecer es la defensa unánime del derecho a hacer política en libertad, sin miedo, sin armas, sin muerte.
Colombia necesita romper definitivamente este ciclo de sangre. Y para hacerlo no basta con condenar hechos individuales: es imprescindible desmantelar las estructuras de poder que alimentan la violencia política, reconocer las responsabilidades históricas y construir un pacto nacional por la vida.
La política no puede seguir siendo una guerra. Debe ser el espacio del debate, del desacuerdo legítimo, de la competencia limpia. Solo así podremos honrar la memoria de quienes cayeron y proteger a quienes aún tienen el coraje de participar. Porque mientras la política siga costando la vida, Colombia seguirá perdiendo su alma democrática.
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